Diccionario de la Corrupción en Venezuela 1959-1979, de los autores Carlos, Ruth y Alex Capriles, editado en 1989: Página 12.
CASO: AUTOBUSES IKARUS Y LEYLAND
PRESIDENCIA: Carlos Andrés Pérez (1974-1979)
FECHA SUCESO: 1975
FECHA DENUNCIA: Septiembre 1979
DENUNCIANTES: Ferrer, Leonardo (Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados); Rey, Luis Esteban (Periodista de El Universal, militante de AD); Olavarría, Jorge (revista Resumen)
INVOLUCRADOS: Arria Salicetti, Diego (ex- Gobernador del Distrito Federal)
INVESTIGADORES: Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados
DENUNCIA: Compra apresurada de autobuses sin licitación ni autorización de los organismos pertinentes; fraude a la nación
MAGNITUDES: Bs.106.400.000 (valor total de autobuses IKARUS); Bs.75.095.200 (sobreprecio en autobuses Leyland)
MATERIA: Autobuses
HISTORIA
A finales de 1974 y principios de 1975, la empresa estatal INVERSIONISTAS DEL TRANSPORTE adquirió en Europa más de 1.200 autobuses sin que las autoridades municipales, (…) estuvieran enteradas y sin que ninguna comisión de contraloría estudiara el ofrecimiento ni investigara las ventajas o desventajas de los autobuses. Los accionistas principales de Inversionistas del Transporte eran el Centro Simón Bolívar (CSB) y la Corporación Venezolana de Fomento CVF); pero fue el gobernador de Caracas, Diego Arria, quien llevó adelante, personalmente y sin consulta, las negociaciones de compra de los autobuses. (…) El Gobernador no convocó a licitaciones, saltó la aprobación de la Contraloría General de la República para la adquisición y violentó las normas del Banco Central girando más de 100 millones de bolívares de la cuenta corriente que tenía Inversiones de Transporte en el Banco Industrial de Venezuela; en su veloz carrera, ni siquiera convocó a la Junta Directiva de Inversiones de Transporte, la cual era presidida por él mismo, en su condición de encargado del Centro Simón Bolívar. Los 800 autobuses fueron comprados de contado por Bs.133.000 cada uno; siendo estimado posteriormente su valor en Bs.79.000 la unidad. (…) El Gobernador alegó en su defensa que los fondos utilizados para la adquisición de los autobuses eran nacionales y, por tanto, no necesitaba la aprobación del Concejo Municipal. (…) Añadió el Sr. Arria que toda empresa del Estado, al diligenciar cualquier operación no tenía por qué contar con el aval de la Contraloría hasta tanto no se decidiese la negociación (…) Con respecto a los Ikarus, el caso no fue investigado a pesar de que los autobuses resultaron ser de calidad fraudulenta. El piso de los mismos era de cartón piedra el cual, para mayor tragedia, estaba podrido, causando la caída y muerte de un niño que viajaba en uno de los autobuses (…) En los meses subsiguientes, los autobuses Ikarus fueron arrinconados como chatarra en los terrenos del Instituto Municipal de Transporte en La Yaguara, donde todavía pueden ser vistos cuando uno baja por la Panamericana, como expresivo testimonio de un delito sin responsables.
(Fuente: airsoldier)
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